Defensa penal criminal para narcotraficantes en España Italia Colombia México Estados Unidos Argentina Venezuela Perú Chile Ecuador Guatemala Cuba República Dominicana Bolivia Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Paraguay Puerto Rico Uruguay Panamá.
Para quienes necesiten los servicios de un abogado penalista para asumir la defensa en un proceso por narcotráfico, se brinda aquí información muy útil, concebida para ayudar en la búsqueda del profesional que se necesita.
La defensa penal ante una acusación por narcotráfico constituye una tarea ardua para todo abogado penalista que opte por transitar por este campo tan tortuoso.
Indeclinablemente, en cumplimiento del derecho a la defensa, todo acusado de narcotráfico tendrá un abogado defensor, de oficio, si no designa uso. Pero procurarse de un abogado de libre elección para defender a un narco no siempre es muy fácil.
A veces se dificulta acceder a un abogado defensor para un caso de narcotráfico, máxime cuando no se busca solo la disponibilidad, sino la calidad en la defensa. Esto tiene su explicación, la cual es siempre bueno conocer, sobre todo para los destinatarios de estas líneas, personas potencialmente en busca de un buen abogado de narcos.
Abogado de Narcos - España Italia Colombia México Estados Unidos Argentina Venezuela Perú Chile Ecuador Guatemala Cuba República Dominicana Bolivia Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Paraguay Puerto Rico Uruguay Panamá.
Abogado de Narcos, es el apelativo que suele acompañar a los defensores penalistas que se desempeñan en esa área. Y aunque ponerles “apellido” a los abogados, según su especialización o praxis más abundante, es común, y se hace con un fin meramente distintivo, hay que decir que en el caso del abogado defensor en casos de narcotráfico el uso del epíteto alcanza otras dimensiones. Tenemos, por ejemplo, abogado de divorcios, abogado de bienes raíces, abogado corporativo, o abogado defensor a secas…. Pero, cuando oímos abogado de narcos, no podemos ignorar la presencia de cierto tono de desaprobación.
El narcotráfico, como actividad ilegal grandemente repudiada desde el punto de vista social, y fuertemente combatida por las autoridades, es una acusación que desencadena negatividad en la opinión pública. Existen otros delitos que igualmente engendran, en sí mismos, rechazo colectivo, como el asesinato, la violación, la pederastia. Sin embargo, la diferencia con el narcotráfico, en cuanto a la repulsión social se refiere, estriba en que casos de aquellos se ven de manera aislada, muy escasamente en comparación con el fenómeno del narcotráfico, que ha alcanzado proporciones globales.
La forma en que es percibido el narco desde la mirada popular, conlleva a que el abogado defensor sea colocado en la misma escala. Defensa penal y complicidad son términos que muchas veces son usados indistintamente por las personas comunes cuando hacen alusión al abogado defensor de un narco.
Esta realidad hace que muchos juristas, de gran calidad y ética, excelentes penalistas, declinen incluir casos de narcotráfico en su práctica profesional.
Sin embargo, dedicarse al ejercicio de la abogacía en el área de los delitos de narcotráfico tiene también sus ventajas, profesionalmente hablando. Al traer a colación las ventajas, muchos dirán inmediatamente: “Jugosos honorarios” Y sí, no cabe duda de que la complejidad que reviste una acusación de tamaña gravedad implica un trabajo fuerte por parte del abogado, y conduce a la percepción de honorarios considerables. Pero las ventajas de ejercer en esa área van mucho más allá del dinero. El desempeño de la profesión como abogado de narcos es todo un reto, que lleva al jurista al crecimiento y a la madurez profesional, a la vez que una ejercitación invaluable para la salvaguarda de los principios propios, y la ética más férrea.
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Los juristas que suelen asumir la defensa en procesos penales de esa naturaleza desarrollan con el tiempo un agudo instinto, azuzado por la práctica continuada, que no tarda mucho en convertirlos en verdaderos especialistas. Muchos abogados se mantienen activos en el derecho penal en toda su extensión, incluyendo los delitos de narcotráfico como un ítem más. Sin embargo, aquellos que se centran en estos procesos, adquieren un nivel más elevado de especialización. Se trata de abogados con un fuertísimo compromiso con su profesión, para quienes el sacro derecho a la defensa, y la observancia del dictado universal del Derecho que insta a demostrar la culpabilidad y no la inocencia, pesa más que el riesgo que su propia imagen pueda correr.
Un abogado de narcos, labrado y crecido en esas aguas bravas, conoce cómo opera el mundo narco, domina las tendencias de la magistratura según las circunstancias que se observan en casos similares, posee, en fin habilidades que lo hacen indiscutiblemente idóneo.
Variadas son las estrategias de defensa que un abogado de narcos está entrenado para esgrimir. Citemos algunas de ellas para ilustrar el trabajo de estos profesionales del derecho:
- La no reincidencia y la conducta social positiva: Si el acusado enfrenta cargos de este tipo por primera vez, sin que además se observen en su vida cotidiana conductas reprensibles socialmente, esta es una estrategia defensiva adecuada. Consiste en ilustrar ante el tribunal que la conducta infractora no constituye un modo de vida para el imputado, sino que incurrió en ella de forma aislada, circunstancial, tal vez impelido por situaciones difíciles que atravesaba.
- Apelar a las ventajas que pudiera ofrecer la legislación vigente en cuanto a drogas, según el ordenamiento de que se trate. Por ejemplo, la permisibilidad del uso de determinadas sustancias, y en cantidades definidas, para consumo personal, o la imposición de sanciones no tan severas por el mercadeo de sustancias de escasa peligrosidad.
- La revisión de la causa probable. La causa probable, conocida por otras nomenclaturas en los distintos ordenamientos criminales, es un concepto que se refiere a la licitud de las acciones realizadas contra el reo, como el arresto, los registros, la incautación de bienes, y hasta el mismo levantamiento de cargos. La ausencia o la fragilidad de la causa probable deja a la acusación muy vulnerable ante los juzgadores, puesto que la ley exige la existencia de fundamentos fuertes y razonables para iniciar un proceso penal.